Comunicados

Democratizar la justicia

1. El anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a
democratizar la Justicia, invita a una seria y serena reflexión acerca de los cambios que
ciertamente necesita la administración de Justicia en la Argentina, y al mismo tiempo de los
necesarios equilibrios que son condición indispensable para la vigencia de la forma
republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución Nacional.
La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha
elegido la República. En ella es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los
controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción, entre otros mecanismos por la
periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la
constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la República los gobernantes están
al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de quienes gobiernan. La independencia de los
jueces es la garantía para que eso se cumpla.
El incipiente debate planteado, muestra ya una polarización, que puede ir
camino de formar posiciones enfrentadas en las que los intereses políticos o sectoriales se
impongan a la racionalidad del diálogo. Los argentinos debemos aprender a dialogar y
convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo, sino
un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, que es la garantía del
bien personal, familiar y asociativo y la finalidad esencial de la política y del Estado que tiene
el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales.
2. Una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que
éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan
a la mayor parte de la población, comenzando por los más pobres, se dirimen en tribunales
provinciales. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener
los gobernantes es un sistema que garantice el acceso y el resguardo de derechos de quienes
menos tienen y pueden, con fácil acceso, bajo costo y ágil resolución de los litigios.
Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más
necesitados y desprotegidos y la pronta resolución de las causas, cuya demora afecta en mayor
medida a quienes no tienen recursos ni tiempo para aguardar resultados (por ejemplo, los
jubilados por la actualización de sus haberes, los Pueblos Originarios a quienes se niegan o
quitan sus territorios, los poseedores ancestrales de tierras que son desalojados por carecer de
títulos).
3. Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual
Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos
que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte
Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder
Ejecutivo según mecanismos constitucionales.
Si hay jueces que no están a la altura de las exigencias éticas y técnicas que
sus cargos requieren, son los poderes políticos (y el Consejo de la Magistratura, en lo que le
corresponde) los que deberían hacer alguna autocrítica por haberlos seleccionado o sostenido
en los cargos, y en todo caso poner en funcionamiento, caso por caso, los mecanismos de
remoción legalmente previstos.
4. Las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan
imponer los grupos o poderes económicos, son inadmisibles, y en caso de ser comprobados
deben ser sancionados aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso,
perfeccionándolas si fuere necesario.
Así como en relación a otra época, se afirma con acierto que la violencia
ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales,
precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, en
relación a las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces de modo abierto o
subrepticio, es más repudiable la utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para
torcer la voluntad de los jueces que la acción de los privados con ese mismo objeto.
5. La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un
mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, porque podría convertir a un
órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias. La politización de
los jueces es inadmisible en tanto conspira contra la neutralidad (en este caso, políticopartidaria)
que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación a
partidos políticos. Cualquier reforma judicial que se proponga debe preservar y en lo posible
profundizar las garantías de independencia y neutralidad de la justicia tal como la
Constitución lo establece, y acelerar los procedimientos para cubrir las vacantes que existen,
de acuerdo a los procedimientos legales.
Al respecto urge que el Consejo de la Magistratura cumpla cabalmente sus
funciones convocando o acelerando los concursos a su cargo; y que el Poder Ejecutivo llene
las vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes hayan
finalizado.
6. Hay que celebrar la idea de una mayor transparencia judicial. Sería
deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se
reactiven los organismos de control, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de
lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública.
7. La anunciada creación de nuevas instancias judiciales (cámaras de
Casación), requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia en la cual sean
escuchadas serenamente todas las razones.
8. Todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros
ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuestos y no
deberían existir excepciones. El sistema tributario argentino requiere una revisión profunda
que corrija inequidades, como es gravar el consumo de bienes esenciales (que tan
pesadamente inciden sobre los pobres y, en general, sobre el trabajo personal). En ese marco,
es adecuado que también los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen
proporcionalmente a sus ingresos.
9. Los procedimientos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos
o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos
transparentes que aseguren el acceso de los más idóneos y capacitados. Las vacantes deben
ser ocupadas por los mejores.
Lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública y en el Poder
Legislativo.
10. Las medidas cautelares en juicios en que el Estado es parte, más allá de
abusos que deberían evitarse, con una herramienta necesaria para impedir daños irreparables a
derechos constitucionalmente protegidos, especialmente en un momento en que el Estado
abarca cada vez más áreas de la vida económica y social. Su eventual limitación, lo mismo
que la limitación de la responsabilidad de los funcionarios por los actos ilícitos que cometan,
deben ser evaluadas muy cuidadosamente para ampliar derechos y no para restringirlos.
Desde la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Argentina, como ciudadanos preocupados por la relevancia institucional que presentan estas
cuestiones, animamos a los poderes públicos a que el debate que se abra sobre ellas tenga la
serenidad, la profundidad y el tiempo que sean necesarios, en la búsqueda de consensos.
Un procedimiento amplio de consultas y audiencias públicas en todas las
Provincias puede ser un mecanismo idóneo para que entre todos alcancemos una real mejora
del servicio de Justicia, que proteja mejor a los más débiles y respete adecuadamente las
normas y principios de nuestra Constitución Nacional.
Buenos Aires, martes 5 de marzo de 2013.