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Primera Iniciativa: Inclusión educativa integral de todos y todas.
Implica acceso real al sistema educativo nacional de cuántos y cuántas habiten el suelo argentino y estén en edad de participar del mismo. Al igual que, para ser precisamente “inclusiva”, exige calidad: una educación que desarrolle todas las dimensiones de la persona, la prepare para su inserción en la sociedad y por ende se ocupe de su formación en valores, como la paz, la vida, la espiritualidad, el diálogo, la reconciliación, el bien común, etc.
Segunda Iniciativa: Protagonismo de la familia en educación.
La prestación educativa pública (de gestión estatal o privada) exige, para ser inclusiva, que se promocione a las familias de los educandos desde la escuela y los demás estamentos del sistema educativo para que estén en condiciones de asumir su protagonismo en la educación de los menores. Se requiere asumir el dato de la realidad respecto a que no todos los núcleos familiares están en condiciones de brindar a sus hijos e hijas el contexto de contención integral y particularmente afectiva que en una relación íntima y personal, sólo la familia puede proveer. Se trata de incentivar esta experiencia vital para el niño o la niña y luego acompañarlo/la a lo largo de todo el proceso educativo. Otras instituciones públicas también deberán apoyar esta política de estado.
Tercera Iniciativa: Revalorar el rol del docente en su aporte al bien común.
Resulta un requisito esencial para la inclusión educativa integral la re-jerarquización de los docentes en su formación académica, que les permita brindar esa educación de calidad que nuestro país necesita, abierta a lo desafíos de la sociedad actual. La capacitación docente deberá habilitarlos, como parte de su vocación y misión, para promover el protagonismo de las familias. Esta re-jerarquización profesional apunta a una revalorización de la ubicación cultural y social en el rol dirigencial de los docentes y a su re-jerarquización económica, acorde a su responsabilidad y al reconocimiento de su función como aporte al bien común.
Cuarta Iniciativa: Necesidad de que los medios de comunicación cooperen en la educación.
Frente a la indiscutible incidencia que los medios masivos de comunicación tienen en la conformación de la personalidad, se hace necesario promover la asunción de su responsabilidad en la educación. No se trata de ninguna manera de incentivar formas directas o indirectas de censura que contrarían la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, pero tampoco puede existir contraposición ni indiferencia de los medios respecto de la política educativa nacional; sería contradictorio con la tutela de la libertad de expresión la promoción de acciones de contraeducación.
Quinta Iniciativa: El presupuesto educativo debe ser factor real de inclusión.
Hay que diseñar un instrumento de coparticipación educativa que asegure una adecuada distribución de dicho presupuesto en función de las diversas realidades de nuestro país de forma que lo aleje de manejos interesados, a este fin, se hace indispensable reglamentar la Ley de Financiamiento Educativo que contemple, entre otras cosas, pautas claras de asignación presupuestaria que respondan a los criterios de equidad y justicia distributiva atendiendo debidamente a las necesidades de cada lugar, al mismo tiempo que contemple mecanismos de participación en el control y la gestión de dicho presupuesto por parte de agentes cualificados de la sociedad civil para garantizar su transparencia.
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