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Primer iniciativa: Facilitar la participación política a través de un sistema de financiamiento de la política que atienda mejor a los objetivos de transparencia, austeridad y paridad en las posibilidades de expresión entre los diversos candidatos.
Durante los últimos años se ha avanzado en el dictado de normas para transparentar y limitar los gastos de los partidos en las campañas. A pesar de ello, tras cada elección se siguen suscitando controversias acerca de la elusión de las reglas de juego en cuanto a origen de recursos, tope de gastos y otros aspectos que hacen a una competencia transparente entre los diversos candidatos y partidos. A su vez, los montos involucrados en las carreras electorales suelen resultar demasiado onerosos para las posibilidades de recaudación de muchos ciudadanos y partidos que desean competir en elecciones abiertas, sobre todo por los costos de la publicidad electoral, en particular la televisión, sin acceso a la cual es muy difícil hacer conocer propuestas en la sociedad actual. Por otro lado, el financiamiento público es parcial y, en general, muy pequeño en relación a los gastos totales de los partidos que alcanzan el poder o luchan por él con posibilidades ciertas, con muy pocos incentivos o controles respecto de un uso clave para el sistema democrático: la capacitación de sus dirigentes.
Para la inclusión de una mayor número de ciudadanos en la actividad política y una más dinámica renovación dirigente, resulta imperioso adecuar el sistema de financiamiento de la política, tanto en lo relativo al origen de los recursos y la forma, alcance y monto del gasto total de gastos de campaña, como respecto de sus mecanismos de control (administrativos, judiciales, sociales) y, en general, del rol del Estado en la materia.
Segunda iniciativa: Ampliar la participación política a través de normas que faciliten una mayor movilidad y rotación de ciudadanos en los cargos electivos
Cuando se revisa la lista de quienes desde la vuelta de la democracia han ocupado cargos electivos a nivel del poder ejecutivo -sobre todo gobernadores e intendentes- se detectan muchas personas que han permanecido en el mismo puesto por varios períodos consecutivos, incluso ininterrumpidamente desde el 83 a la fecha. Lo mismo se observa a nivel del Congreso, las legislaturas y hasta los concejos deliberantes. Este fenómeno de falta de renovación se extiende al ámbito de otras organizaciones políticas y sociales que eligen sus autoridades por el voto de sus afiliados.
Es verdad que nadie llega a esos cargos sin el voto de la gente. Pero también lo es que, en la definición de la república, tan importante como el origen popular de los mandatos es su periodicidad y la alternancia en el ejercicio de los cargos de gobierno que coopera con el objetivo de impedir la excesiva concentración de poder.
La búsqueda de consensos a favor de reformas que permitan una mayor movilidad y rotación entre los ciudadanos que ocupan cargos electivos vitalizaría la participación democrática tanto política como social favoreciendo el surgimiento de nuevos dirigentes. Revisar normativas que habilitan a reelecciones del Ejecutivo por tiempo ilimitado o que, en la práctica, condicionan o restringen el derecho a ser elegido de quienes están fuera del poder, ayudaría a la inclusión social desde el punto de vista de los derechos políticos de la ciudadanía.
Tercer iniciativa: Promover una ciudadanía más activa y la formación de nuevos dirigentes mediante un funcionamiento más sencillo, dinámico y continuo de las instituciones de democracia semi directa.
La incorporación en distintas reformas constitucionales y normativas tanto a nivel nacional como provincial y local de instituciones de democracia semidirecta (consulta popular, plebiscitos, iniciativa popular de leyes, audiencias públicas, revocatoria de mandatos, presupuesto participativo) es uno de los modos más eficaces para democratizar la sociedad, asegurar el cumplimiento del contrato electoral entre electores y e |
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