Las causas macroeconómicas que influyen directamente en el aumento de la pobreza son la inflación y la falta de crecimiento económico. Cuando estos dos factores se dan juntos, se potencian y crece el número de personas que viven en situación de pobreza.

La inflación produce un deterioro en la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores y esto se agrava en los sectores más pobres que cuentan con bajos ingresos. A su vez, la falta de crecimiento repercute en los índices de empleo y afecta a sectores como la construcción, la industria textil y metalmecánica, que son los que demandan mayor mano de obra.

No obstante, la experiencia nos ha demostrado que en los períodos de baja inflación y crecimiento económico (desde 2003 a 2007 y también después de la hiperinflación de 1989), existe en Argentina un núcleo duro de alrededor del 20% de la población que se mantiene en situación de pobreza y esto se debe a que la problemática del pobre es mucho más compleja y no es resultado solo de la falta de ingreso.

Hay otras dimensiones de la vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza extrema que trascienden lo económico y que afectan de manera directa su capacidad de acceder a oportunidades que los ayuden a salir de esta situación. Entre estas dimensiones se encuentra la crisis familiar, la ausencia de modelos a seguir, la cada vez más acuciante problemática de la droga y el alcohol, la inseguridad, el clientelismo, la marginalidad, el hacinamiento, la falta de acceso al sistema de salud, la deserción escolar y los altos niveles de repitencia.

Es decir que, al tratarse de un problema complejo, exige una solución integral que, como primer paso, debe buscar garantizar un ingreso básico para disminuir la pobreza extrema pero, a su vez, debe involucrar políticas públicas relacionadas a salud, educación, vivienda, capacitación laboral y lucha contra las adicciones, entre otras.

El gobierno nacional ha encarado este problema al comprometerse a llevar adelante el programa de Asignación Universal por Hijo. Desde la Iglesia recibimos con profunda satisfacción el anuncio realizado por la presidenta Cristina Kirchner acerca del decreto correspondiente porque entendemos que éste es un primer paso importantísimo en el reconocimiento de la problemática y la búsqueda de una solución rápida. Creemos que es necesario, sin embargo, que esta iniciativa surja del consenso de todos y se discuta su instrumentación en el ámbito parlamentario ya que en un diálogo institucional maduro se pueden encontrar las leyes más aptas que respondan a las urgentes necesidades de nuestros hermanos más pobres. Confiamos en que este camino es el más apropiado y nos permitirá alejarnos de actitudes que puedan ahondar las divisiones y la fragmentación de nuestra sociedad.

Hemos escuchado y estudiado tanto el decreto del Poder Ejecutivo Nacional como las propuestas elaboradas por distintas fuerzas políticas y creemos que todos pueden hacer un aporte valioso al debate en un intercambio sincero y abierto.

Como aporte al debate acerca de la Asignación Universal por Hijo consideramos que la fuente de financiamiento no debería ser la Anses sino que los fondos deberían surgir del Presupuesto Nacional. En cuanto a la implementación de esta iniciativa, parecería que el plazo de un mes es demasiado corto para lanzar el proyecto por varios motivos: en primer lugar, por su difusión, ya que estamos hablando de alrededor de seis millones de personas que deberían recibir la información correspondiente a la asignación, los requisitos para acceder a ella, los lugares de pago, etc. En segundo lugar, por el tiempo que llevará la registración de todas esas personas en una única base de datos en la que pueda cruzarse la información para que no se duplique el otorgamiento de la asignación. En tercer lugar, por la capacitación de todo el personal necesario para llevar adelante un proyecto de estas magnitudes (entidades de pago, difusores, etc.).

Sugerimos realizar la inscripción en más tiempo (2 o 3 meses) y que los que reciban esta asignación en último lugar puedan cobrar retroactivo aquellos pagos que no pudieron recibir a tiempo.

Creemos que sólo el dictamen de una ley permitirá que la asignación por hijo sea realmente universal, que alcance a todos los niños, niñas y adolescentes desde la concepción hasta los 18 años de edad, independientemente de la condición social, laboral o económica de sus padres o tutores. La universalidad de la asignación y una instrumentación transparente de la misma garantizarán un ingreso básico evitando caer en la selección arbitraria de los beneficiarios por medio de actitudes clientelistas. Esta asignación no debería ser considerada como un subsidio sino como un derecho que pretende ponerle fin a la desigualdad de base que existe en nuestro país, equiparando el acceso a la seguridad social y promoviendo las condiciones para el desarrollo integral de todos los niños.

La Constitución sostiene, entre las atribuciones del Congreso, “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre DD.HH., en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.” (art. 75, inc. 23)

El derecho de los niños y niñas a la seguridad social está sancionado por la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061), en su artículo 26, el cual establece que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a obtener los beneficios de la seguridad social. Los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento”.

La misma ley garantiza en su artículo 28 el principio de igualdad y no discriminación: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales.”

Es fundamental que como sociedad asumamos nuestra responsabilidad frente al problema de la pobreza y velemos por la promoción de políticas de estado que se mantengan con el correr de los años para poder así erradicar completamente la pobreza y promover el desarrollo integral de todos los argentinos de cara al Bicentenario Patrio (2010-2016). z we

CV

Eduardo Luis Serantes es ingeniero agrónomo por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue miembro del Consejo de Fundapaz, director de la Comisión Diocesana de Cáritas de San Isidro, representante de Cáritas Argentina, en el SELACC, en Cáritas Cono Sur y en las Asambleas de Cáritas Internacional y director de la Comisión Nacional de Cáritas Argentina. En la actualidad es presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado.

En el orden profesional, Serantes fue asesor, administrador y director de distintas empresas agropecuarias y es socio de Cazenave y Asociados S.A.

Fuente: El Cronista Comercial