Buenos Aires, 3 de diciembre de 2009 – Ayer por la
noche, la Honorable Cámara de Senadores de la Nación aprobó la Ley sobre la
Creación del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre el consumo de
drogas (drogas y alcohol), en el ámbito del Ministerio de Educación, que fue
promovida por el Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos”, tanto para las
escuelas de gestión estatal como privada.
El Foro, que se constituyó hace 3
años a instancias de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia
Episcopal Argentina, tiene por objeto promover, ante las instituciones del
Estado, políticas públicas para la inclusión social, mediante el diálogo y la
búsqueda de consensos. En este marco, aborda distintas problemáticas de la
sociedad argentina, las estudia y plantea posibles alternativas de solución.
Sus miembros, representantes del sector empresarial, financiero, rural, obrero,
académico, ONG y Credos (1), se reúnen periódicamente para tratar estas
temáticas profundizadas por equipos técnicos integrados por especialistas en
cada una de las áreas abordadas (salud, trabajo, educación, etc.).
En el 2008,
el Equipo Técnico de Educación del Foro Nacional “De habitantes a ciudadanos”,
junto con especialistas de la Universidad del Salvador, elaboró un proyecto de
ley para la creación de un Programa Nacional de Educación y Prevención
sobre el consumo de drogas que fue enriquecido por legisladores, tanto
del oficialismo como de la oposición, para ser presentado, en septiembre de ese
año en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El proyecto fue aprobado
por dicha cámara a principios del 2009 y se convirtió en ley ayer por la noche
en la Cámara Alta.
Se trata de un proceso inédito en el que gran parte de la sociedad civil
argentina, reunida en el Foro Nacional "De Habitantes a Ciudadanos",
detecta una problemática que genera exclusión, elabora un programa para
resolverla y promueve una ley que servirá de marco para una reglamentación
cimentada en la educación y la prevención, y comprometida con tantos ciudadanos
que padecen enfermedades adictivas. Entre otras cosas, la ley otorga al
Ministerio de Educación la facultad para crear un Consejo Consultivo que estará
integrado por representantes de organizaciones de la sociedad civil, centros
académicos y expertos de reconocida trayectoria y experiencia en la materia,
quienes trabajarán "ad - honorem" para promover y monitorear esta
política pública.
Comienza así una etapa nueva tanto
en la articulación del sector público con el privado, como en el tratamiento de
la problemática de la drogadicción desde sus causas y no solamente en sus
efectos. Se requerirá de la voluntad política de funcionarios de diversas
instituciones estatales a nivel nacional, provincial y municipal, y del
monitoreo de la sociedad civil, para que la implementación de la ley de por
resultado una política pública sostenida en el tiempo teniendo como principal
objetivo una Argentina que nos incluya a todos.
(1) Las organizaciones que integran el Foro Nacional “De
habitantes a ciudadanos” son: POR EL SECTOR EMPRESARIAL: Unión
Industrial Argentina (UIA), Asociación Empresaria Argentina (AEA),
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Asociación Cristiana de
Dirigentes de Empresa (ACDE). POR EL SECTOR FINANCIERO:
Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y Asociación de Bancos Argentinos
(ADEBA). POR EL SECTOR RURAL: Federación Agraria (FAA),
Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA),
Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de la Exp. Agríc. (AACREA). POR EL SECTOR
OBRERO: Confederación General del Trabajo (CGT) y Central de
Trabajadores de la Argentina (CTA). POR EL SECTOR ACADÉMICO:
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) y Universidad Católica
Argentina (UCA). POR ONGS Y CREDOS: Asociación Conciencia y
Foro del Sector Social en representación del Diálogo Ciudadano; Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA), Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de
la República Argentina (ACIERA), Centro Islámico de la República Argentina
(CIRA) y Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP)