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Democratizar la justicia

1. El anuncio del Poder Ejecutivo de una serie de proyectos destinados a democratizar la Justicia, invita a una seria y serena reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la administración de Justicia en la Argentina, y al mismo tiempo de los necesarios equilibrios que son condición indispensable para la vigencia de la forma republicana de gobierno adoptada por nuestra Constitución Nacional.

La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República. En ella es esencial el equilibrio de los poderes, la eficacia de los controles sobre los gobernantes y la limitación de su acción, entre otros mecanismos por la periodicidad en el ejercicio de los cargos, y por el control que ejercen los jueces de la constitucionalidad y legalidad de los actos de gobierno. En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de quienes gobiernan. La independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla.

El incipiente debate planteado, muestra ya una polarización, que puede ir camino de formar posiciones enfrentadas en las que los intereses políticos o sectoriales se impongan a la racionalidad del diálogo. Los argentinos debemos aprender a dialogar y convivir en un clima de amistad social, donde el que piensa distinto no sea un enemigo, sino un compatriota con quien conversar, en la búsqueda del bien común, que es la garantía del bien personal, familiar y asociativo y la finalidad esencial de la política y del Estado que tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales.

2. Una auténtica preocupación por el servicio de Justicia debe recordar que éste es una atribución y una obligación ante todo de las provincias. Los conflictos que afectan a la mayor parte de la población, comenzando por los más pobres, se dirimen en tribunales provinciales. Pensando en los pobres y los más débiles, una de las metas que deberían tener los gobernantes es un sistema que garantice el acceso y el resguardo de derechos de quienes menos tienen y pueden, con fácil acceso, bajo costo y ágil resolución de los litigios.

Cualquier reforma que se intente, debe tener como norte el derecho de los más necesitados y desprotegidos y la pronta resolución de las causas, cuya demora afecta en mayor medida a quienes no tienen recursos ni tiempo para aguardar resultados (por ejemplo, los jubilados por la actualización de sus haberes, los Pueblos Originarios a quienes se niegan o quitan sus territorios, los poseedores ancestrales de tierras que son desalojados por carecer de títulos).

3. Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales.

Si hay jueces que no están a la altura de las exigencias éticas y técnicas que sus cargos requieren, son los poderes políticos (y el Consejo de la Magistratura, en lo que le corresponde) los que deberían hacer alguna autocrítica por haberlos seleccionado o sostenido en los cargos, y en todo caso poner en funcionamiento, caso por caso, los mecanismos de remoción legalmente previstos.

4. Las presiones sobre los jueces y los condicionamientos que puedan imponer los grupos o poderes económicos, son inadmisibles, y en caso de ser comprobados deben ser sancionados aplicando con rigor las leyes que ya existen para eso, perfeccionándolas si fuere necesario.

Así como en relación a otra época, se afirma con acierto que la violencia ejercida por el Estado es más grave que la ejercida por grupos armados no estatales, precisamente por el mayor poder que tiene el Estado y por su rol de garante de la legalidad, en relación a las presiones y condicionamientos ejercidos sobre los jueces de modo abierto o subrepticio, es más repudiable la utilización del poder estatal, o la amenaza de su uso, para torcer la voluntad de los jueces que la acción de los privados con ese mismo objeto.

5. La elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional, porque podría convertir a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias. La politización de los jueces es inadmisible en tanto conspira contra la neutralidad (en este caso, políticopartidaria) que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación a partidos políticos. Cualquier reforma judicial que se proponga debe preservar y en lo posible profundizar las garantías de independencia y neutralidad de la justicia tal como la Constitución lo establece, y acelerar los procedimientos para cubrir las vacantes que existen, de acuerdo a los procedimientos legales.

Al respecto urge que el Consejo de la Magistratura cumpla cabalmente sus funciones convocando o acelerando los concursos a su cargo; y que el Poder Ejecutivo llene las vacantes de jueces que hoy existen pese a que los concursos correspondientes hayan finalizado.

6. Hay que celebrar la idea de una mayor transparencia judicial. Sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control, y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública.

7. La anunciada creación de nuevas instancias judiciales (cámaras de Casación), requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia en la cual sean escuchadas serenamente todas las razones.

8. Todos los ciudadanos debemos contribuir en la medida de nuestros ingresos y patrimonios al sostenimiento del Estado mediante el pago de impuetos y no deberían existir excepciones. El sistema tributario argentino requiere una revisión profunda que corrija inequidades, como es gravar el consumo de bienes esenciales (que tan pesadamente inciden sobre los pobres y, en general, sobre el trabajo personal). En ese marco, es adecuado que también los jueces, funcionarios y empleados judiciales tributen proporcionalmente a sus ingresos.

9. Los procedimientos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados, y reemplazados por concursos transparentes que aseguren el acceso de los más idóneos y capacitados. Las vacantes deben ser ocupadas por los mejores.

Lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública y en el Poder Legislativo.

10. Las medidas cautelares en juicios en que el Estado es parte, más allá de abusos que deberían evitarse, con una herramienta necesaria para impedir daños irreparables a derechos constitucionalmente protegidos, especialmente en un momento en que el Estado abarca cada vez más áreas de la vida económica y social. Su eventual limitación, lo mismo que la limitación de la responsabilidad de los funcionarios por los actos ilícitos que cometan, deben ser evaluadas muy cuidadosamente para ampliar derechos y no para restringirlos.

Desde la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, como ciudadanos preocupados por la relevancia institucional que presentan estas cuestiones, animamos a los poderes públicos a que el debate que se abra sobre ellas tenga la serenidad, la profundidad y el tiempo que sean necesarios, en la búsqueda de consensos.

Un procedimiento amplio de consultas y audiencias públicas en todas las Provincias puede ser un mecanismo idóneo para que entre todos alcancemos una real mejora del servicio de Justicia, que proteja mejor a los más débiles y respete adecuadamente las normas y principios de nuestra Constitución Nacional.

Buenos Aires, martes 5 de marzo de 2013.